El 12 de septiembre de 2023 se cumplieron 495 años de la fundación de la Ciudad de Nueva Cádiz en la isla de Cubagua (Venezuela) mediante real cédula de Carlos I de España.

Cristóbal Colón encontró la isla de Cubagua durante su tercer viaje de descubrimientos y hallazgos cuando navegando hacia occidente por la costa septentrional de la península de Paria, a la que llamó «Tierra de Gracia» (hoy Venezuela), avistó esta isla el 14 de agosto de 1498 y dio conocimiento de ella a pesar de no desembarcar.

Según Fray Bartolomé de Las Casas, en el año 1500 había ya instalados en la Isla unos cincuenta aventureros. Estaban allí buscando los preciosos ornamentos personales que usaban los nativos: Las preciadas gemas de nácar.

Se creó un poblado de forma espontánea sin seguir los patrones hispánicos, ya que aún en 1517 se señala que la población residía en toldos y chozas y presumiblemente había sido levantado por un italiano al servicio de España, Giacomo Castiglione (Santiago Castellón).

Alrededor de 1520, hubo una gran insurrección indígena, lo que provocó el abandono de la isla. Fue en 1526 cuando este asentamiento volvió a ser habitado y fue nombrado “Villa de Santiago de Cubagua”, siendo así elevado a la categoría de Villa, aunque al parecer nunca utilizó este título. 

El 12 de septiembre de 1528, el rey Carlos I de España, promulgó una real cédula a través de la cual se le otorgó el rango de ciudad, se le dotó de escudo de armas y se le cambió su nombre por el de “Nueva Cádiz”, quedando oficialmente fundada en esta fecha.

Mediante estas ordenanzas, la ciudad de Nueva Cádiz, hoy reconocida como la primera ciudad de Venezuela, no dependía de La Española y podía comerciar directamente con Castilla. Esto contribuyó a que los pobladores de Nueva Cádiz estimulasen su actividad y se dispusieran a construir su ciudad sustituyendo las chozas por casas de piedra.

Al tener su época de esplendor por la pesca de perlas en la década que va de 1521 a 1531, Nueva Cádiz de Cubagua se convirtió en un punto fundamental de las nacientes provincias de ultramar del imperio español. 

Llegó a tener mil habitantes, un cabildo de 17 regidores, casas de piedra y varias avenidas de hasta 300 metros. 

Ya entre los años de 1531 y 1532 los lechos perlíferos evidenciaron signos de agotamiento, razón por la cual el juez de residencia Francisco de Prado decidió imponer una veda general de seis meses, hasta el día de Santiago, entendiendo que después de ese día se establecería un régimen de rotación anual para fomentar la reproducción de los ostrales, pues era un hecho claro que como señalaba de Prado en carta a Carlos V: “Para sacar un marco de perlas, destruyen y echan a perder veynte”. A pesar de esto las medidas no surtieron efecto, por lo que es bastante probable que nunca se llegaran a establecer estas medidas en la práctica.

Ya en 1537 la crisis se había agudizado a tal nivel que para fines de febrero de ese año el cabildo de Nueva Cádiz informó a Carlos I de España que había pasado más de año y medio sin lograr sacar perlas, razón por la cual  se perdió el interés en seguir la actividad a tal nivel que después de dos años, se abandonó definitivamente la pesca perlera de Nueva Cádiz de Cubagua. 

En 1541 está registrado que ocurrieron diversas calamidades naturales, como un posible terremoto, seguido de un huracán, lo que dejó a la isla en un estado lamentable. Esto, incrementado con la invasión de piratas franceses en 1543 que saquearon la ciudad, la destrucción de los ostrales y el descubrimiento de otros nuevos en La Guajira, contribuyeron a que la ciudad y la isla fuesen abandonadas en su totalidad por los españoles, si bien existen registros que indican que la isla estuvo poblada por algún tiempo más, pero no volvió a ser poblada.

Aunque parte de ella se encuentra sumergida, pueden verse ruinas en imágenes satelitales, fotografías aéreas y terrestres de la isla.

No obstante, la influencia de la fundación fue notable como ente irradiador de la presencia castellana en el territorio así como también sirvió de base para expediciones posteriores al interior del continente.

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Constan de 35 ordenanzas, muy exhaustivas, cuyo denominador común es la función protectora y humanizada del indígena, al objeto de conformar su propio estatuto civil, basado en la dignidad, el trabajo y la libertad.

Un año después se añadieron algunos preceptos que se conocen como “la Moderación de Valladolid” de 1513 que mejoraban las condiciones de trabajo y aumentaban los derechos para las mujeres y los niños para de esta forma contentar en cierta forma a los dominicos que seguían solicitando mayores derechos para los nativos.

Las Ordenanzas a su vez se estructuraron en materias bien diferenciadas.

1. El primer segmento de normas se refiere a los derechos de los indios a tener bienes:

• La primera Ordenanza habría de disponer que los encomenderos debían construir  “bohíos” o casas de paja para cada grupo de 50 indígenas, con sus dimensiones, junto con terreno de labranza, entrega de aves de corral, siendo todo ello bienes personales transmisibles en herencia de padres a hijos e inembargables.
• Deber de buen tratamiento a los indios por parte de los encomenderos para atraer de forma voluntaria a los indios a sus encomiendas para facilitar la integración. (Ordenanza II)

• Derecho a la conservación de las propiedades de indios por herencia y en caso de venta de la encomienda. (Ordenanza XXVIII)
• Deber de respeto y buen trato de palabra y obra al indio, reservando el derecho de castigo, si realizaran actos ilícitos, a los visitadores reales y no a los encomenderos. (Ordenanza XXIV)
• Deber de proveer hamacas a los indios para inculcarles hábitos civilizados y evitar que durmieran en el suelo. (Ordenanza XIX)

2. El siguiente grupo se refieren a la alimentación y vestido:

• Se dictan normas extensas sobre el tipo de alimentos y cantidad a dar a los indios.
• Dispone el tipo de comida que debían tener dependiendo del tipo de trabajo. (Ordenanza V y XV)
• Obligación de dotar de un peso de oro al año a cada indígena por parte del encomendero para que pudieran adquirir prendas de vestir. (Ordenanza XX)

3.  Sobre la evangelización de indios las Ordenanzas consideran como requisitos principales para 
garantizar el buen trato de los indios:

• Obligación de construir iglesias junto a las haciendas de los encomenderos (Ordenanza III); que

  

  hubiera un número suficiente de templos (Ordenanza VIII), en particular cerca de las minas (Ordenanza VIII) y que se arraigue la fe cristiana en las Indias. (Ordenanza IX)

• Aprendizaje de los conocimientos religiosos elementales (Ordenanza IV y V), obligando a los encomenderos a enseñar a leer, escribir y el catecismo a un muchacho indio para que hiciera de maestro con los demás indios (Ordenanza IX)
• Obligación de bautizar a los indios dentro de los ocho días siguientes al nacimiento (Ordenanza XII), el matrimonio monógamo y la prohibición entre parientes (Ordenanza  XVI), confesión (Ordenanza X) y entierros con derecho a sepultura en templos y cementerios según la liturgia cristiana (Ordenanza X)
• Obligación de dar a conocer los diez mandamientos.

4. Respecto a los derechos y obligaciones laborales:

• Se dispone que los indios tenían obligación de trabajar (Ordenanza VI) y al menos una tercera parte debería hacerlo en las minas de oro (Ordenanza XXV)

• Derecho al descanso (Ordenanza XXV), con severas penas a los que no garantizaran este derecho (Ordenanza XIII)

• El período de descanso se aprovecharía para facilitar el cultivo de tierras de los indios y la mejora del conocimiento de la fe cristiana.

• Autorización para la constitución de compañías mineras por parte de encomenderos ajenos a la encomienda con la obligación de mantenerlos alimentados (Ordenanza XXVI), castigando el uso de indios no pertenecientes a la encomienda. (Ordenanza XXI)

• Exclusión de los indios de la Sabana, de Villanueva y Yaquino para el trabajo minero, obligándose a trabajar en granjería, cría de cerdos, fabricación de ropas y de hamacas. (Ordenanza XXV)

• Prohibición de imponer obligaciones de hacer cargas a los indios, salvo sus hatos. (Ordenanza XI)

• Prohibición al trabajo de las mujeres a partir del cuarto mes de gestación y en atención a la crianza de los hijos se amplía la prohibición del trabajo hasta que el niño ha cumplido tres años. (Ordenanza XVIII). Las indias solteras debían realizar los trabajos en estancias recibiendo jornal por contraprestación. (Ordenanza III)

• Exención del trabajo a los menores de catorce años (Ordenanza XVIII). Respecto a los menores que estudiaban oficios están exentos de cualquier trabajo, primando la formación.

5. En cuanto a ceremonias y celebraciones nativas:

• Se autorizaban las fiestas y areitos o tradiciones indias tanto en los días de holganza como de trabajo  con la condición de no abandonar sus ocupaciones (Ordenanza XIV)

6. Respecto a los indios caciques, que eran autoridades tribales:

• Se les faculta a tener indios servidores en proporción a la tribu que ejercían autoridad obligándose a estar en la colectividad que tuviera mayor número de indios servidores. Se encomienda a los “visitadores reales” dar las leyes que ofrecieran las mejores atenciones entre los indios. (Ordenanza XXII)
• Deber de detraer un real de cada peso de oro correspondiente a los indios para dotar de vestimenta a los caciques (Ordenanza XX)

7. Limitaciones a las encomiendas

• Se reduce el número de indios confiados a los encomenderos (Ordenanza XXXV). La figura de la encomienda fue realmente el gran problema de la fabulosa aportación humanitaria española a las tierras vírgenes de América. La voluntad de los reyes se mueve entre la necesidad de incentivar la emigración a tierras tan lejanas y la aplicación de la moralidad cristiana a los indios.

Visitadores de indios, que constituyeron una figura crucial para el fiel cumplimiento de las leyes y 
ordenanzas reales que se regula con precisión escrupulosa en las Leyes de Indias. 
Fue instituida por el gobernador Ovando en La Española.

Estas Leyes de Burgos establecieron los requisitos de su nombramiento, junto a los jueces de apelación y otros oficiales reales (Ordenanza XXX), que debían ser escogidos por sus condiciones morales y de antiguo vecino. Se fijó que en cada pueblo debían residir dos visitadores (Ordenanza XXIX) con misión de visitar dos veces al año las minas, estancias, lugares de pastores y porquerizas y levantar acta de cómo se trataba a los indios. Se les otorgaba la facultad de castigar nativos cuando fuera necesario (Ordenanza XXXIV), pero también protegerlos en el caso de que fueran trasladados a otras islas (Ordenanza XXVII)

• Obligación de llevanza de libros de visitadores (Ordenanza XXIII), documentos esenciales de seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autoridades españolas. Supusieron un “registro civil”, ya que el Estado no contempló un verdadero registro de personas hasta el siglo XIX.

• Dotación de indios a los visitadores, como retribución a su función (Ordenanza XXX)

• Sometimiento bianual a juicio de residencia a los visitadores al objeto de vigilar sus actuaciones, así como a la anotación de las bajas y altas acontecidas (Ordenanza XXXIV). Además se establecía un sistema sancionador de multas para los visitadores negligentes (Ordenanza XXX)

8. Por otra parte, contiene Ordenanzas para asegurar la disponibilidad de un libro autenticado de 
firmas del libro de las Leyes de Burgos de 1512 para su conocimiento y aplicación en las zonas sujetas a su jurisdicción (Ordenanza XXIII).

9. Por último, las relativas al régimen sancionador por incumplimiento de los deberes de 
encomenderos. Se destinaban como recompensa al denunciador como 
incentivo para facilitar el conocimiento de las 
infracciones por parte de los encomenderos, la Real Cámara, el juez o sacerdote 
(Ordenanza XXIII).

Las penas pecuniarias podían ir acompañadas con la pérdida de los indios encomendados. (Ordenanza XXI)

Las Leyes de Indias que nacen en Burgos en el año 1512 han sido consideradas por muchos estudiosos e historiadores como el primer precedente de los tratados del derecho Internacional de los pueblos y de los derechos humanos que se han desarrollado en los últimos siglos. No se emiten simples principios contenidos en ordenanzas, sino también los instrumentos para hacerlas cumplir.

Se hicieron estas leyes basadas en principios morales y cristianos de respeto a la integridad física y moral de los nativos americanos y, sobre todo, de consideración cristiana de igualdad entre los hombres.

Otras entradas relacionadas:

Burgos 1512 -En busca de la Justicia-

Fuentes:

• Julio José Henche Morillas. Las Leyes de Indias. Ordenamiento de protección de la monarquía hispana a los pobladores nativos de América.
• Rafael Sánchez Domingo. Las Leyes de Burgos 1512 y la doctrina jurídica de la conquista. Revista Jurídica de Castilla y León. Número 28, septiembre de 2012
• Canal Crónicas de la Historia

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La conquista de América creó una situación desconocida que requirió, desde el primer momento, la toma de decisiones complicadas respecto a cómo debían de ser consideradas aquellas tierras conquistadas y a sus moradores. Hubo dudas morales desde España sobre la legitimidad o no de la conquista y las distintas leyes que fueron emitidas en las distintas épocas para proteger los derechos de los nativos.

La Reina Isabel I, ya el 20 de junio de 1500, dictó en Sevilla una “Real Provisión” que prohibía la esclavitud de los nativos de las tierras recién descubiertas y obligaba a proteger las propiedades que les pertenecieran antes de la llegada de los españoles. Esta disposición jurídico-administrativa fue de suma importancia, no solo por prohibir la esclavitud, sino por considerar a los aborígenes súbditos de la Corona, con los mismos derechos y obligaciones que los peninsulares. 

A la “Real Provisión” le siguieron otras normas en el mismo sentido, como la “Instrucción” dictada el 16 de septiembre de 1501 al nuevo gobernador de La Española, Nicolás de Ovando, donde se le instaba a que “se les tratase como a nuestros súbditos e vasallos e que ninguno sea osado de hacer daño”, o la “Ley” de 1503 por la que se instaba al mestizaje, ordenando al gobernador a que fomentara los matrimonios mixtos “que son legítimos y recomendables porque los indios son vasallos libres de la Corona española”.

En el propio testamento de la Reina, realizado en Medina del Campo ante Gaspar de Gricio, notario público, entre los mandatos dados a sus sucesores, en el punto décimo primero la reina expresaba que “debían continuar con su intención de conducir y atraer a los pueblos a la fe católica y enseñarles buenas costumbres; que los indios no recibieran agravio alguno ni en sus personas ni bienes, sino todo lo contrario, y si lo hubieren recibido lo remienden y provean para que no se sobrepase en cosa alguna lo que en las Cartas Apostólicas de dicha concesión se mandaba y establecía”.

Fueron las órdenes religiosas, especialmente los dominicos, quienes denunciaron los abusos. De 1504 a 1511 fue cuando más se vulneraron los derechos de los nativos.

En el sermón de 21 de diciembre de 1511, conocido como el Sermón de Adviento, pronunciado por Fray Antonio de Montesinos, se exhortaba a sus compatriotas a que no mantuviesen en horrible servidumbre a los indios y amenazaba con que ningún encomendero se salvaría.

Así comenzaba la “lucha por la justicia” en América y puede decirse que este sermón marcó un hito en la historia de la lucha por los derechos humanos. 

Ante la oposición de Diego de Colón y Palestrelo, gobernador de La Española, se solicitó la expulsión de la isla del padre dominico, pero la respuesta de la orden fue otro sermón más duro.

El rey Fernando escuchó a Fray Alonso de Espinar (rigió los estudios teológicos de los franciscanos en la Escuela de Salamanca), al propio Montesinos y a los encomenderos de La Española. Oídas las partes ordenó que se hiciera una Junta para estudiar la situación de los indios. Así, en 1512 se convocó en Burgos una Junta de teólogos y juristas para tratar las cuestiones de los nativos del Nuevo Mundo, tanto a nivel moral, como filosófico y jurídico, presidida por el obispo Juan Rodríguez Fonseca.

La celebración de esta Junta es un hecho impensable para otros gobernantes de principios del XVI. El Rey Fernando, yendo incluso contra los principales intereses de la Corona y de algunos fieles servidores, decidió discutir públicamente sobre los derechos de los nativos.

Se debatió en dos posturas casi antagónicas. Unos abogaban por los derechos de los nativos y contra las encomiendas, (era la postura encabezada principalmente por la Escuela de Salamanca), y otros defendían la institución de la encomienda en base a la Cédula Isabelina de 1503 y que continuaba con la tradición medieval de priorizar la evangelización sobre otros posibles males. 

En el Archivo General de Indias se conservan solo dos manuscritos que se refieran a lo discutido en Burgos. Uno lo escribió el bachiller Enciso y el otro es anónimo. Este último indica las enormes discrepancias existentes entre los asistentes que tras 20 sesiones no fue posible consensuar unos principios generales, filosóficos, jurídicos y teológicos en los que todos estuvieran de acuerdo para así poder crear un articulado o un código de funcionamiento concreto.

Por Bartolomé de las Casas sabemos que al menos llegaron 
a un acuerdo sobre 7 principios:

1. Los indios son libres y deben ser tratados como tales, según ordenan los Reyes.            
2. Los indios han de ser instruidos en la fe, como mandan las bulas pontificias de Alejandro VI.        
3. El Rey de España tenía justos títulos del Nuevo Mundo pero sin derecho a explotar al indio, que era hombre libre y podía tener propiedades, pero como súbdito debía de trabajar a favor de la Corona a través de los españoles allí asentados, es decir, al encomendero según la legislación de 1503, sin que ello estorbe a su educación en la fe, y de modo que sea de provecho para ellos y para la república (significado medieval de cosa de todos).        
4. El trabajo que deben realizar los indios debe ser conforme a su constitución, de modo que lo puedan soportar, y ha de ir acompañado de sus horas de distracción y de descanso.        
5. Los indios han de tener casas y haciendas propias, y deben tener tiempo para dedicarlas a su cultivo y su mantenimiento.        
6. Los indios han de tener contacto y comunicación con los cristianos, como medio de conversión.        
7. Los indios han de recibir un salario justo por su trabajo, en especie, en vestidos y en objetos para cubrir sus necesidades.

El Rey Fernando, al ver que no había acuerdo, decidió resolver la situación reuniendo en el Convento de San Francisco de Burgos a Fray Alonso del Espinar, Pedro García Carrión y al bachiller Enciso para que elaboraran una normas por las que se gobernara la vida laboral y religiosa de los indios. Sus propuestas fueron sometidas al análisis minucioso de los asistentes, quienes las aprobaron el 27 de diciembre de 1512.

Otras entradas relacionadas: Las leyes de Burgos -1512-

Fuente:

• Julio José Henche Morillas. Las Leyes de Indias. Ordenamiento de protección de la monarquía hispana a los pobladores nativos de América.
• De las Casas. Citado por Serena, 2012. La conquista del Nuevo Mundo
• Rafael Sánchez Domingo. Las Leyes de Burgos 1512 y la doctrina jurídica de la conquista. Revista Jurídica de Castilla y León. Número 28, septiembre de 2012
• Canal Crónicas de la Historia

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Esto produjo el inicio de la legislación del matrimonio con indígenas en la América Hispana durante el periodo antillano insular. 

Las relaciones entre castellanos e indias crecieron exponencialmente a medida que la colonización de las islas caribeñas iba avanzando. Muchos colonos desposaron a las hijas de caciques locales con el objetivo de heredar tierras y mano de obra. 

Tras la caída de Cristóbal Colón, seguido del gobierno poco afortunado de Francisco de Bobadilla, los Reyes decidieron nombrar a un hombre de toda su confianza, además de experimentado y resolutivo, como Gobernador de las Indias.

La intención de la Corona era poblar “agora nuevamente” y a la manera de Castilla, más que al gusto de los hermanos Colón. El 3 de septiembre de 1501 nombraban a frey Nicolás de Ovando, caballero profeso de la Orden de Alcántara, Gobernador y justicia de las “Islas y Tierra firme” de las Indias.

Las tácticas matrimoniales, practicadas con asiduidad en La Española, hizo que ya en 1503 la Reina Isabel dictara Recomendaciones y Reales Provisiones en las que se instaba al tercer gobernador de la isla, frey Nicolás de Ovando, a fomentar los matrimonios mixtos, «que son legítimos y recomendables porque los indios son vasallos libres de la Corona española» y el matrimonio también era una herramienta para la conversión de los indios.

Según reputados historiadores, se estima que ya a principios del siglo XVI la mitad de los colonos hispanos de La Española estaban casados de alguna manera con mujeres indígenas. 

Esta política de protección de los nativos americanos iniciada por Isabel fue continuada por su cónyuge, el rey Fernando: las Leyes de Burgos, promulgadas en 1512 y complementadas por las Leyes de Valladolid de 1513, trataron de suprimir los abusos de los colonos españoles en ultramar, al tiempo que buscaban la conversión de los indígenas y su sujeción al entramado colonial.

En este contexto, la regularización de las uniones entre ellos fue lo que llevó al Rey Fernando el Católico a aprobar, el 14 de enero de 1514, una Real Cédula que, aunque de mucha menor envergadura, suponía un gran avance en la afirmación de los derechos de los indios y validaba cualquier matrimonio entre varones castellanos y mujeres indígenas. Esto supuso un gran avance en la afirmación de los derechos de los indios. A pesar de la frecuencia con la que varones castellanos se emparejaban con mujeres nativas con anterioridad a esta Real Cédula, la ley se consideraba necesaria dado que la mayoría de estas relaciones carecían de un verdadero estatus legal y sirvió para sentar las bases de un cambio social desconocido hasta entonces.     

 Al reconocer la posibilidad del matrimonio entre ambas razas, la Cédula de Fernando el Católico sirvió para llenar un vacío legislativo referente a la condición legal de los indios, asegurando la absoluta legitimidad e igualdad de la descendencia que surgiera de los matrimonios mixtos comparados con los matrimonios de Castilla.

No sólo reconocía una realidad ya existente, sino que también abría la puerta al mestizaje y a la simbiosis cultural, que fueron características exclusivas del imperio español, y que hicieron única a la experiencia colonial española en comparación con los demás imperios europeos.

Los matrimonios mixtos cambiaron para siempre la conquista de América. Permitieron a los conquistadores españoles entenderse con los indígenas del nuevo mundo y dieron estabilidad a los nuevos territorios conquistados.

Las mujeres, una vez casadas y cristianizadas, se convertían en súbditos de pleno derecho. Lo mismo les pasaba a sus hijos. Se trataba de una forma de proteger de manera automática los derechos de sucesión de bienes y propiedades generados por el matrimonio.

       La Ley de Matrimonios Mixtos de 1514 fue un esfuerzo temprano y significativo de la Corona Española para regular y promover el mestizaje en sus colonias americanas. 

La implementación de dichas aspiraciones en un contexto colonial diverso y cambiante refleja los esfuerzos de la Corona Española por integrar a las poblaciones indígenas y consolidar su control en las colonias mediante el mestizaje. Aunque tuvo un impacto limitado y enfrentó numerosos desafíos, sentó un precedente importante en la historia de las políticas coloniales y las relaciones raciales de América Hispana, influyendo positivamente en las políticas y actitudes hacia el mestizaje en siglos posteriores.

Fuentes: Algunas notas sobre el matrimonio mixto en América

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Corría el año 1514 cuando, tras una negativa inicial, en la que alegaron no saber hacer tal “negocio”, los frailes Jerónimos decidieron finalmente aceptar el cumplimiento de la alta misión encomendada a su orden por quien era entonces regente de Castilla, el Cardenal Cisneros.

Cristóbal Colón llegó a la isla de La Española en su primer viaje a América en diciembre de 1492. Los Reyes Católicos habían previsto el escenario de nuevas conquistas y se aseguraron de tener de su lado al recién elegido Papa Alejandro VI, quien otorgó a Castilla las Bulas Alejandrinas, emitidas por la Santa Sede en 1493, así como otras bulas papales a cargo de Julio II y León X con la “Universalis Ecclesiae”(1508), a través de las cuales se les concedía el derecho a conquistar América, reclamar como propios los territorios descubiertos y mandar hombres con la obligación de evangelizar, lo que se realizó, en un primer momento, a través de los franciscanos, dominicos y agustinos, cuya misión debía tener como fin hacer de los indios verdaderos españoles.

En los comienzos, las dificultades en la colonización y evangelización fueron grandes, quebrantándose promesas, infringiéndose ordenanzas, cayendo en algunos abusos, y no obteniendo el resultado que se esperaba conseguir. Ante la pugna entre dominicos y franciscanos por las encomiendas en La Española, en 1514 el Cardenal Cisneros, teniendo siempre presente la voluntad de la Reina, impulsó un plan ambicioso, basado en ideas de fray Bartolomé de Las Casas. Se trataba de eliminar las encomiendas concedidas a los colonos españoles y así reparar los excesos producidos con los indígenas y volver a la austeridad inicial. Para ello toma la decisión de nombrar a religiosos que hasta este momento no hubieran ido a América, a los que no se les pudiera atribuir intereses ya creados allí y en los que Cisneros confiaba plenamente, que eran los Jerónimos, habiendo demostrado estos su capacidad como eficaces administradores.

Se solicitaron los más hábiles y suficientes que entre ellos hubiere, siendo designados, 
fray Luis de Sevilla o Figueroa, fray Alonso de Santo Domingo y 
fray Bernardino de Coria o Manzanedo.

La labor de estos monjes se desarrolló entre 1516 y 1519.

Las instrucciones recibidas de Cisneros les ordenaban reunirse con representantes de los colonos y de los indios para conocer la situación. Lo primero que hicieron fue realizar una información de la situación, sobre las declaraciones de hombres discretos y justos de la isla. Las informaciones recibidas fueron muy dispares, aunque en algo coincidían todos: que los indios eran gente bruta, de poco discurso e incapaces de gobernarse por sí mismos. Otra cuestión en la que estaban de acuerdo era la de que no convenía que se concediesen encomiendas a personas ausentes, sino a personas asentadas en las Indias.

Una vez conocida la situación, debían proceder a poner en práctica tres posibles remedios, señalados en orden preferencial:

• Libertad de poblados indígenas con autonomía tutelada: Los indios serían libres de vivir en sus pueblos, gobernados por sus caciques. Los españoles administrarían los pueblos, comprándoles lo que necesitaran. Los que quedaran desposeídos de sus encomiendas, serían indemnizados y gozarían de facilidades para extraer oro. 

La visión desde España y de los religiosos que estaban en Las Indias no se vio clara porque podría suponer que los pobladores indios abandonaran el estilo de vida y, por tanto, la instrucción religiosa y abandonaran la fe católica, que es para lo que los españoles habían ido allí. 

• Comunidad mixta de indios y españoles: consistía en concentrar los indios en poblados de unos trescientos vecinos, gobernados por sus caciques, a quienes ayudarían un sacerdote y un administrador. El cacique establecería turnos laborales cada dos meses para una tercera parte de los varones de entre treinta y cincuenta años, que trabajarían en los lavaderos de oro. Los libres de turnos trabajarían en las haciendas y hatos de ganado. 

Se pensó incluso en llevar labradores de Castilla que trabajaran con los indios para que estos aprendieran, pero este proyecto supuso una utopía porque los castellanos pensaron que aquello no les iba a rentar y preferían la encomienda.

• Persistencia del sistema de encomiendas, pero vigilando el cumplimiento de las Leyes de Burgos 1512 y Valladolid 1513, porque no se estaban cumpliendo.

Los jerónimos se encontraron confusos y después de un buen número de consultas y oposiciones, optaron por la tercera vía para 
lograr que los indios viviesen políticamente en poblados, excluyendo a 
funcionarios, profesionales, eclesiásticos y ausentes. 

Dada esta absoluta discrepancia con las ideas del impulsor, fray Bartolomé de Las Casas, el Clérigo decide regresar a España a quejarse, y a pesar de que el prior Fray Luis de Figueroa insinuó al Juez de Residencia que no lo consintiera, este no quiso oponerse al viaje. De esta manera, se encontraron con la influencia que Bartolomé de Las Casas poseía en la isla, porque conmovió y agitó a todos los frailes de la ciudad de Santo Domingo convenciéndoles de que los Jerónimos no cumplían con su deber. Por otra parte, los dominicos, sobre todo, se dieron a predicar que la encomienda era una injusta explotación del sudor del indio; además, todos ellos, juntos en capítulo con los franciscanos, reformados por Cisneros, dieron a Las Casas fervorosas cartas credenciales para su viaje a España.

Una de esas cartas fechada en mayo de 1517, está dirigida a los gobernadores del reino, acusando a los Jerónimos de no mejorar la condición de los desvalidos y exaltando a Bartolomé de Las Casas como elegido por Dios para bien de los indios. En otra, dirigida al rey Carlos I, se expresaban en los mismos términos.

Mientras tanto, Cisneros despachaba varias cartas en contestación a las recibidas de los jerónimos, 
dejándoles muy en libertad de disponer lo que les pareciera mejor respecto a las encomiendas, siempre 
que atendieran, más que al interés del encomendero, al favor de los indios, no habiendo nadie que 
pudiera desautorizarles en todo lo tocante a su buen trabajo
 “al servicio de Dios nuestro señor e nuestro, bien de la tierra e indios e pobladores della”.

Al final, Cisneros creía, después de dudarlo, que la encomienda era, no solo justa, si no necesaria y recalca los fundamentos de su plan, tan necesario era para la civilización del indio el poblador español, como para el poblador era necesario el indio, binomio nunca comprendido por Las Casas, lo que le llevó a su destitución.

Se puede resumir la actuación de estos tres gobernadores-reformadores en tres etapas:

• La inicial de tanteo, hasta enero de 1517, en la que realizaron un cuestionario de siete preguntas que se ha llamado “interrogatorio jerónimo” a los principales de La Española.
• Una segunda hasta agosto del mismo año, en que se resuelve el problema de la libertad de los indios, dulcificando su condición.
• Y una tercera etapa que llega hasta el final de 1519, que es de pura supervivencia, ya que a las acusaciones vertidas por Bartolomé de Las Casas de estar en connivencia con los colonos, hay que añadir la situación política existente en España con la muerte del Cardenal Cisneros y la poca experiencia en el trono de Carlos I.

En 1518 fray Bernardino de Manzanedo regresó a España para informar de la situación al emperador. Ese mismo año, fray Alonso de Santo Domingo y fray Luis de Figueroa solicitaron reiteradamente que se les relevara de sus cargos. El 9 de diciembre de 1518 se les notificó el definitivo relevo; pero tuvieron que esperar a finales de 1519, en que el licenciado Rodrigo de Figueroa se hizo cargo del gobierno y justicia de La Española.

Los frailes jerónimos se sintieron fracasados en su gobierno y a principios
de 1520 regresaron a sus conventos.

Sin embargo, el tiempo ha demostrado que fue positivo el hecho de que el gobernador Cisneros, el representante del rey, intentara crear una reforma, siempre pensando en mejorar la vida de los indígenas. Esto sentó un precedente, porque posteriormente tanto Carlos I como Felipe II harán lo mismo, dando lugar al Consejo de Indias en 1524 y la Junta Magna en 1568, respectivamente. Ambos entendieron que había mucho que solucionar, analizando en cada momento lo que se estaba haciendo, para poder marcar las pautas e ir mejorando paulatinamente la actuación en América.

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