En 1542 ocurrió algo poco habitual en la historia de los imperios: un rey legisló contra los abusos cometidos por sus propios conquistadores.
Las llamadas Leyes Nuevas, promulgadas por Carlos I de España, no fueron un gesto aislado, sino el resultado de un largo proceso de reflexión jurídica y moral dentro de la Monarquía Hispánica.

El espíritu de la conquista en la recién descubierta América, quedó claro desde los primeros momentos: La reina Isabel en su testamento marcó el camino a seguir con un claro mandado para la protección de los habitantes de las nuevas tierras encontradas. Esa protección, enseguida, se había puesto de manifiesto con la actitud de la Corona frente a Cristóbal Colón cuando este, siguiendo un modelo mercantilista, pretendía esclavizar a sus habitantes y, posteriormente, con su detención debido a su administración de carácter tiránico.

Ya en la regencia de Fernando el Católico, el grito de Antonio de Montesinos desde la isla de La Española durante su reinado, abrió una revolución de las conciencias, que acabaría siendo la divisa de la conquista del Nuevo Mundo. ¿Acaso no son hombres como vosotros?

La nueva ordenación, inspirada en una visión humanista de la problemática de las Indias, se sitúan entre los textos legales más importantes de la historia del Imperio español.  Derivada de la visión de teólogos y juristas como Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, siendo pionera en la historia del derecho internacional. 


Puntos clave de la reforma: 
*Prohibían la esclavitud de los indígenas bajo cualquier pretexto. 
*Ordenaban la gradual extinción de las encomiendas, impidiendo que se heredaran. 
*Reforzaban la autoridad real sobre los colonos. 
*Establecían penas contra los abusos cometidos por encomenderos y funcionarios. 

Estas nuevas leyes se insistía en que el indio era vasallo bajo protección del rey y poseía los mismos derechos que el resto de súbditos de la monarquía. Se reguló la servidumbre; se les daba potestad de poseer tierras, tributar, participar en las decisiones de gobierno que se considerasen cuestiones comunales, participar como conquistadores, militares, y la posibilidad de ejercer cargos públicos, etc. Las leyes reafirmaban que el objetivo principal de la presencia de la Monarquía Hispánica en los Reinos de Indias era la evangelización de los naturales, por lo que la corona tenía que conseguir su avasallamiento a través de la persuasión, no por la fuerza de las armas, salvo guerra justa. 

La legislación causó mucho revuelo especialmente en los Virreinatos del Perú y de Nueva España, ya que en estas dos dependencias de la Corona el encomendero concentraba mucho poder político, y por consiguiente la abolición de muchas facultades de la encomienda chocaba ampliamente con sus intereses.

En los territorios del virreinato de la Nueva España se optó por suspender la aplicación de las nuevas leyes, ante las peticiones del Ayuntamiento de la ciudad de México, del virrey Antonio de Mendoza e incluso del obispo fray Juan de Zumárraga y los provinciales de las órdenes religiosas, mientras hacían llegar su apelación a España. El 20 de octubre de 1545, el rey suspendió el capítulo que prohibía la herencia de las encomiendas. La norma que subsistió fue la concesión por «dos vidas», la del titular y su heredero. Las demás disposiciones quedaron en vigor.

En las mismas fechas se creaba el virreinato del Perú. Fue elegido como primer virrey, Blasco Núñez Vela, quien aplicó enérgicamente la nueva legislación. Los encomenderos protestaron indignados y organizaron una rebelión, eligiendo como líder a Gonzalo Pizarro, rico encomendero en Charcas. Tras luchas encarnizadas  y la muerte del virrey, el poder de Pizarro se desvaneció cuando el nuevo representante de la corona, el sacerdote Pedro de La Gasca, nombrado presidente de la Real Audiencia, ofreció el perdón a los sublevados y derogó las Leyes Nuevas. Las fuerzas de Gonzalo Pizarro empezaron a desertar y a sumarse a La Gasca. Tras una última batalla, los sublevados fueron derrotados y ejecutados sumariamente.

La consecuencia de ello fue un suceso sin precedentes en la historia de ninguna otra expansión imperial: un rey detuvo por sí mismo la conquista para dilucidar acerca de su legitimidad. Carlos I lo hizo en 1549.

Poco después, se convocaba en la ciudad de Valladolid una nueva Junta. Entre los años 1550 y 1551 se enfrentaron las posturas de Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, en torno a la célebre polémica de los justos títulos —también llamada polémica de los naturales—, que marcaría un hito en el pensamiento político y jurídico de su tiempo.

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Nació en el pueblo cordobés de Pozoblanco en 1490. Después de cursar estudios de filosofía y griego durante tres años en la recién creada Universidad de Alcalá de Henares, estudió teología en el Colegio de San Antonio de Sigüenza hasta que, en 1515, el cardenal Cisneros lo recomendó para el Colegio de San Clemente de los Españoles en Bolonia, en donde entró oficialmente el 27 de septiembre de aquel mismo año.

En Bolonia estudió Filosofía y realizó estudios de Derecho y Teología. Durante años estuvo dedicado a las traducciones de Aristóteles. Con su actitud se mostró sensible a las preocupaciones humanistas de los renovadores aristotélicos con los que se relacionó. Consideró la filosofía de Aristóteles en su compleja riqueza de interpretaciones, atendió a la tradición de los comentaristas griegos del filósofo, y contribuyó al esclarecimiento filológico de algunos pasajes oscuros de los textos del filósofo griego.

Tras su marcha de Bolonia, Sepúlveda se dirigió, en 1523, a Roma, iniciándose así su acercamiento hacia los sectores imperiales de la década de 1520. Esto tuvo como consecuencia que en los veinte años que duró su estancia en la ciudad eterna, habría de jugar un notorio papel en las disputas tanto de orden político como teológico involucrándose en los muchos retos que surgieron en aquella época convulsa para la iglesia y el imperio.

*Aportó sus conocimientos en temas como la disputa entre Lutero y Erasmo en torno a las discusiones sobre el libre albedrío.  
* Debido al prestigio adquirido por Sepúlveda entre los círculos diplomáticos romanos, intervino en las difíciles relaciones entre el Papado y el Imperio, que, tras la Liga Clementina, que tendría como consecuencia el Saco de Roma, pudo contribuir en la reconciliación entre ambas partes en el Tratado de Barcelona de mayo de 1529.
*En el verano de 1531 terminó De ritu nuptiarum et dispensatione, a favor de la Serenísima Reina de Inglaterra, Catalina de Aragón. La obra constituía la aportación de Sepúlveda a la cuestión originada por el divorcio de Enrique VIII, punto de arranque del anglicanismo.
* En 1532 se decidió publicar su Antapologia pro Alberto Pío Carpensi, como homenaje póstumo a quien consideraba su mecenas. Esa obra representaba una crítica mesurada centrada en la osadía del Elogio de la locura y los Coloquios erasmistas, y en los puntos de vista de Erasmo sobre los frailes y el culto a los santos, votos o ceremonias. El suave tono de la Antapologia no disimuló, con todo, las discrepancias sepulvedianas con Erasmo acerca de la justicia de la guerra.
*La muerte del papa Clemente VII en septiembre de 1534 provocó la publicación de su diálogo Democrates primus (Roma, 1535). Defensa antierasmiana y antimaquiavélica de la conveniencia entre la guerra y la religión cristiana, preludio de las tesis de Sepúlveda a propósito de la justicia natural de la guerra contra los indios de América.

A principios de 1536, a ruego de Carlos V, accedió al puesto de capellán y cronista real. En noviembre de ese mismo año se embarcó rumbo a Barcelona. A partir de entonces la vida de Sepúlveda en España transcurrió entre las obligaciones de cronista y la educación del futuro Felipe II, de quien fue preceptor desde 1542. Esto supuso para Sepúlveda un acicate para retomar la traducción y el comentario en latín a la Política aristotélica, proyecto aplazado años atrás. La traducción de la Política coincidió con la composición de la obra más difundida de Sepúlveda, su Democrates secundus, sive de iustis belli causis apud Indios, diálogo en el que hizo extenso uso del material utilizado en las anotaciones a su versión a la Política aristotélica.

Democrates secundus, sive de iustis belli causis apud Indios

Redactado hacia 1544, Sepúlveda aplicó en su argumentación las teorías aristotélicas sobre la esclavitud natural, apoyándose además en su propia traducción de la Política de Aristóteles. En ella distinguía entre dos formas de dominio:
*Por un lado, el imperio del alma sobre el cuerpo —que denomina heril—, e implica cierto grado de amistad y cooperación, y tiene su reflejo político en la dominación natural de unos hombres sobre otros.
*Por otro, el dominio de la mente o razón sobre los apetitos —al que llama civil o regio—, basado en la fuerza que conduce a una esclavitud convencional o civil.

Para Sepúlveda, esta distinción justificaba que los españoles ejercieran un dominio legítimo sobre los pueblos americanos, a quienes consideraba de naturaleza inferior.

 Ante la imposibilidad de su publicación, Sepúlveda se vio obligado a redactar otro libro que, impreso en Roma en mayo de 1550 con el título Apologia pro libro de iustis belli causis, recogía el contenido del Democrates secundus y refutaba las impugnaciones y reparos que los adversarios del diálogo oponían a las tesis sepulvedianas.

El dominico, Bartolomé de las Casas, saldría al paso de las proposiciones de Sepúlveda con vehemencia y entendimiento. El choque dialéctico personal entre Sepúlveda y Las Casas, hoy día conocido como La controversia de Valladolid, tuvo lugar en dicha ciudad, en una junta compuesta por ilustres teólogos y juristas de la que formaba parte el maestro salmantino Domingo de Soto. Las sesiones empezaron en agosto de 1550 y duraron hasta mediados de 1551. Nunca hubo un dictamen definitivo por parte de la comisión, y Carlos I continuó con las conquistas en el nuevo continente.

 Al final Sepúlveda no pudo ver impreso su Democrates secundus, que tuvo que esperar hasta la edición de Menéndez y Pelayo en 1892.

Con el tiempo y tras estudiarse con más detenimiento sus textos, que a veces se han considerado malinterpretados, los estudiosos actuales destacan que la posición de Sepúlveda está muy alejada de la sensibilidad actual, pero también de la idea de que las conquistas en el Nuevo Mundo eran legítimas en todo caso, y de que los indígenas podían ser esclavizados por los conquistadores españoles. El objetivo de la conquista, según Sepúlveda, no podía ser la esclavización de los indígenas para obligarles a servir a los conquistadores españoles (habitual en el derecho de conquista medieval), sino que debía ser su sujeción a servidumbre para que estos pudieran asimilar los valores y principios religiosos de un pueblo superior, lo cual les daba legitimidad para tutelarles. 

Frente a la actitud más crítica de Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas, Sepúlveda defiende la acción conquistadora. La idea central de la argumentación de Sepúlveda es que la conquista permitía evangelizar a los indígenas, apartarles de las malas costumbres y las prácticas idólatras, y propiciar su salvación. 
Mateo Ballester (1)

Los últimos años de la vida de Sepúlveda transcurrieron entre Valladolid, sede de la Corte, y su retiro cordobés de la Huerta del Gallo. Permaneció siempre en contacto con distinguidas personalidades de la vida intelectual europea, de lo que es buen reflejo su extensa colección de cartas publicada en Salamanca en 1557.  En todo caso, siguió escribiendo, entre sus obras destaca por haber conocido a Hernán Cortés, una interesante historia de la conquista del reino de México. 

Hoy, su figura se estudia como símbolo de la pugna entre dominación y derechos humanos, un ejemplo de cómo el Renacimiento español debatió en serio los límites éticos del poder. Su pensamiento sigue siendo referencia para discutir el papel de la filosofía política en la legitimación de imperios. En la figura de Sepúlveda aún resuena la pregunta sin respuesta: ¿hasta dónde debe llegar un imperio cuando dice traer la luz?

Fuentes:

RAH: Juan Ginés de Sepúlveda

(1) Mateo Ballester. El pensamiento de Juan Ginés de Sepúlveda. Vida activa, humanismo y guerra en el Renacimiento Francisco Castilla Urbano. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2013, 318 pp. Juan

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El primer personaje que ejerció, no de manera oficial, este cargo fue probablemente fray Pedro de Córdoba, uno de los primeros dominicos que llegaron a La Española. Participó activamente en la denuncia de abusos junto a fray Antonio de Montesinos.
Aunque su nombramiento no fue formalizado con ese título desde el principio, su papel coincidía plenamente con lo que luego se recogería en la figura del Protector de Indios.

En 1502, Nicolás de Ovando, por mandado de la reina Isabel, llegó a la isla de La Española con instrucciones muy concretas para poner orden en las Indias, ante los graves informes que le llegaban sobre los abusos de Colón.
Los nativos de las nuevas tierras eran súbditos de la corona de Castilla; en ningún caso se les podría esclavizar.

Esa determinación de la reina lo convirtió en un estado social: una obligación y sentimiento de la raza conquistadora y civilizadora, que la llenaba desde la cabeza hasta el más humilde de los oficios reales o estatales. La elección de España por la Providencia y por su Vicario, el Pontífice, para la gran obra de descubrir, conquistar, poblar y traer a la fe aquel mundo desconocido, la recibió España entera, no solo sus Reyes: y España, el pueblo español, la realizó por sí: Los Reyes permitían, apoyaban la empresa, le dieron unidad y cohesión, la incorporaron a sus dominios con las leyes, la robustecieron con su autoridad, la encauzaron por sus gobernantes delegados; pero la hizo el pueblo, los descubridores por mar y tierra, equipados a su costa y minción.  Constantino Bayle -El protector de Indios- 1945-

Con la llegada de los dominicos a La Española, con fray Pedro de Córdoba a la cabeza, comienza la lucha por la consecución de una legislación civil que ampare su visión humanista, en la que se pueda abarcar a todos los habitantes de las nuevas tierras como súbditos de la Corona.

La primera consecuencia de la llegada de los dominicos, y con ellos la visión del humanismo de la Escuela de Salamanca, serán las leyes de Burgos y más tarde las de Valladolid; el plan de reforma iniciado por Cisneros; las muchas actuaciones de Bartolomé de las Casas y las Leyes Nuevas, así como otras tantas que ya no pararían hasta obtener las necesarias reformas.

Tras la muerte del rey Fernando el Católico, en 1516, Francisco Jiménez de Cisneros era cardenal y ejercía como regente de Castilla. Este tuvo que escuchar las reiteradas quejas de Bartolomé de las Casas, quien llevaba tiempo denunciando los abusos del sistema de encomiendas. Cisneros, conmovido por sus argumentos, le nombró oficialmente como «Protector de los Indios» o “Comisario para la protección de los Indios” Es el mismo fraile quien relata este nombramiento en su «Historia de las Indias». A pesar de que este título no tenía aún un marco legal bien definido, fue un reconocimiento formal y político desde el centro del poder castellano. A partir de entonces, Las Casas gozó de autoridad moral y política para defender a los indígenas en las colonias, lo que le permitió iniciar viajes y escritos que marcarían su vida entera.

Con el tiempo, el Protectorado de Indios (su nombre más exacto) fue un cargo y una oficina establecida por la Corona española para defender los derechos de los indígenas en América frente a abusos de colonos, encomenderos y autoridades locales. Su función principal era ser abogado y defensor de los indios, actuando como intermediario legal entre los indígenas y la justicia colonial. Sus características eran:

• Ser un jurista o religioso nombrado por el rey que debía representar legalmente a los indígenas en los tribunales.
• Su objetivo era vigilar y defender la libertad, las tierras y los bienes de los indígenas, asegurándose de que no fueran explotados injustamente.
• Además de actuar en los juicios, podía presentar quejas y denuncias a las autoridades virreinales o al Consejo de Indias en España.
• El protector podía actuar de oficio (sin necesidad de que alguien denunciara) si veía una injusticia.

El Protectorado de Indios es la primera experiencia histórica de defensa institucionalizada de los derechos de los pueblos originarios de un territorio. Aunque no evitó todos los abusos, representó un intento singular en la historia de los imperios de garantizar la justicia para los pueblos que quedaban bajo su dominio. En el imperio español, fue una manifestación práctica de las reflexiones morales y jurídicas de Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca sobre los derechos naturales de todos los seres humanos.

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Origen del juicio de residencia en el derecho castellano

A lo largo de la baja Edad Media y a medida que se consolidaba el reino de Castilla, se fueron desarrollando mecanismos de control destinados a fiscalizar y disciplinar la acción de gobierno de los distintos oficiales encargados de regir las instituciones. Tienen su origen en el derecho bizantino, siendo recogidos en los distintos ordenamientos que se fueron sucediendo desde las Partidas de Alfonso X el sabio; más tarde se haría en el Ordenamiento de Alcalá. En el reino de Aragón también fue una práctica habitual. Los Reyes Católicos, a finales del siglo XV, lo perfilaron en las Cortes de Toledo, ordenando a los corregidores, alcaldes, alguaciles y merinos hicieran residencia por 30 días, asegurándola mediante fianzas con las que, en caso necesario, se indemnizaría a los perjudicados. La Nueva y la Novísima Recopilación de Castilla los recoge y actualiza.

En los inicios de la Edad Moderna, los principales instrumentos de control en las distintas áreas de la acción de gobierno y la justicia fueron: el juicio de residencia, la pesquisa y la visita.

Juicios de residencia en las Indias

Este tipo de juicios se exportaron a los territorios americanos, su práctica fue sumamente importante para el control de los virreyes, y todos los representantes de la Corona en las Indias.

Desde el mismo momento en que el individuo recibía su designación como funcionario estaba implícita su obligación de dar residencia al término de sus empleos, en caso de cargos perpetuos, el juicio debía realizarse cada cinco años, o, en su caso, al ser promovidos o trasladados de sus cargos. 

El procedimiento que se seguía, estaba perfectamente regulado: Se nombraba un juez encargado de efectuarla y a sus auxiliares, se verificaban las incompatibilidades, el anuncio público de la residencia, las declaraciones testificales a los interrogatorios, las pruebas documentales, el plazo de su tramitación, la sentencia, etc. Todo juicio acababa con la correspondiente sentencia, pudiendo el residenciado ser condenado o absuelto en una o en otra o, lo que ocurría frecuentemente, convicto de unos cargos y absuelto en otros.
Terminado el juicio, si era positivo, la autoridad podía ascender en el cargo; en cambio, si había cometido errores o ilegalidades, podía ser sancionado con una multa o con la prohibición de por vida en el ejercicio de cualquier tipo de cargo público.

El primer juicio de residencia llevado a cabo como consecuencia del descubrimiento del Nuevo Mundo, se registró en 1501 cuando Nicolás de Ovando, nombrado gobernador de las Indias recibió orden de tomar residencia a su predecesor Francisco de Bobadilla, y él, por su parte, fue sometido al mismo procedimiento por su sucesor Diego Colón, en 1509. 

Desarrollo y Desaparición

El establecimiento de las instituciones de justicia y gobierno fue paralelo a la implantación de la residencia como medida para combatir las malas prácticas de los oficiales reales. Con mayor o menor eficacia, todos los autores coinciden en que suponía un control y, desde luego, un método rápido para conocer y solucionar la ineficacia de los organismos de gobierno en América.
Estuvieron siendo efectivos en todos los territorios americanos hasta que el rey Carlos III, ignorando sus ventajas, terminó con la esencia de estos juicios al desviar los procesos más relevantes a la Corte, lo que fue en detrimento de la autonomía de los virreinatos indianos en pos de una mayor centralización de la administración imperial.
Al comenzar los procesos de independencia de los territorios españoles en América, a comienzos del siglo XIX, los juicios de residencia entraron en desuso. Las Cortes de Cádiz de 1812 derogaron este sistema de control definitivamente.

En opinión de María Elvira Roca Barea, la pérdida de importancia de este tipo de mecanismo con la dinastía borbónica y luego con las corrientes liberales, demuestra que «jamás entendió [la administración borbónica] el sistema imperial habsburguiano, tan generoso y flexible, haciendo cuanto estuvo en su mano para convertir América en una colonia al modo francés o inglés, en un proceso que reyes como Carlos III entendieron que era “modernizar”, pero que no era más que “des-imperializar” un territorio inmenso que no podía administrarse de aquella manera».

Información procedente de diversas fuentes históricas

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Los conquistadores, al llegar a estas nuevas tierras, se encontraron con el problema de cómo organizar el trabajo y las relaciones con la población existente. En algunos casos recurrieron inicialmente a prácticas esclavistas, buscando una retribución económica inmediata.

Isabel I de Castilla actuó, en gran medida, contra el pensamiento mayoritario y la costumbre jurídica de la época —la esclavitud era una institución aceptada y consolidada—. La reina decidió proteger a los habitantes de las Indias, erradicar su esclavización y declararlos súbditos y vasallos de la Corona de Castilla. A partir de las primeras declaraciones de la reina, los Reyes Católicos iniciaron un largo proceso legislativo destinado a regular la situación de los indígenas en las nuevas tierras.

El repartimiento era una institución castellana utilizada durante la época de la Reconquista para repoblar los territorios recuperados. Su objetivo era facilitar el asentamiento de colonos en las tierras conquistadas. Para ello se repartían tierras y, en ocasiones, mano de obra que permitiera su explotación agrícola. En las Indias, esta figura fue introducida inicialmente por el propio Cristóbal Colón en 1496. Posteriormente, fue legalizada mediante la Real Provisión del 20 de diciembre de 1503.

Sin embargo, el reconocimiento del indígena como vasallo de la Corona planteó un problema jurídico importante, ya que dicha condición era incompatible con la repartición de personas. Además, no existían normas claras que regularan las relaciones entre españoles e indígenas. Para abordar esta cuestión, la reina emitió las Instrucciones del 16 de septiembre de 1501 dirigidas al comendador de La Española, fray Nicolás de Ovando. En ellas se establecía que los indígenas debían trabajar voluntariamente y recibir un salario justo, reafirmando su condición de «vasallos libres».

No obstante, la realidad económica en los nuevos territorios llevó a la Corona a modificar su política. Mediante la Real Provisión de 20 de diciembre de 1503 se retomó y reguló el sistema de repartimientos. Los habitantes de las Indias mantuvieron formalmente su condición de hombres libres, aunque podían ser obligados a trabajar a cambio de un salario que debía considerarse justo.

Según el historiador Jean Dumont, la reina Isabel perseguía cuatro objetivos principales:
*Evitar que los indígenas permanecieran dispersos y en condiciones precarias en la selva.
*Crear poblados indígenas donde pudieran aprender el cristianismo, mejorar sus condiciones de vida y acceder a la alimentación.
*Designar en cada poblado a una “persona buena” castellana encargada de su gobierno, protección y supervisión.
*Garantizar que los indígenas recibieran un salario justo por su trabajo.

La idea de la reina Isabel era conseguir que los indios se integrasen en la forma de vida y cultura del “resto de habitantes de nuestros reinos”. De hecho, la reina estableció que, en cada pueblo, cada uno de los indios tenía que contar con un domicilio para su familia, así como con terrenos donde poder cultivar y, además, tener ganado con el que alimentarse.

Según el historiador Esteban Mira Caballos, la realidad hizo que muchos indígenas repartidos entre los colonos acabaran sometidos a condiciones cercanas a la esclavitud. Tras la muerte de la reina Isabel, el sistema de repartimientos fue evolucionando hacia el sistema de encomiendas, una institución también inspirada en prácticas de la tradición castellana. Fue el gobernador fray Nicolás de Ovando quien, consciente de la falta de regulación jurídica del repartimiento, comenzó a repartir a los indígenas en régimen de encomienda hacia 1505. En este sistema se establecía una relación jurídica entre encomendero e indígena, con derechos y obligaciones para ambas partes.

Mira Caballos distingue tres motivos principales que llevaron a la implantación de la encomienda:
*Mayor control de la Corona. Los monarcas determinaban el número de indígenas asignados, los encomenderos y la duración de la encomienda.
*Reconocimiento formal de la libertad indígena, proclamada por la Corona.
*Creación de una relación jurídica recíproca, con obligaciones tanto para el encomendero como para los indígenas.
Las Instrucciones del 14 de agosto de 1509 establecieron que estas encomiendas tendrían una duración limitada. Los indígenas no permanecían en la encomienda de por vida, sino por periodos de uno a tres años que podían renovarse.

Durante este tiempo los habitantes de las Indias conservaban sus bienes, su vida familiar y su capacidad jurídica. Como vasallos de la Corona; podían incluso participar en procesos judiciales contra los encomenderos.

Un intento importante de regular el sistema se produjo con las Leyes de Burgos de 1512, consideradas la primera normativa general destinada a organizar el trabajo en las Indias. Estas leyes establecieron obligaciones concretas para los encomenderos, como la construcción de viviendas para los indígenas, la enseñanza de la doctrina cristiana y la limitación de las jornadas laborales. Aunque en la práctica su aplicación fue desigual, representan uno de los primeros intentos de la monarquía castellana de conciliar las necesidades económicas de la colonización con la protección jurídica de los naturales.

Las encomiendas en la América hispana comenzaron a desaparecer gradualmente a lo largo de los siglos XVII y XVIII, aunque su abolición definitiva varió según la región.

• En el siglo XVI, las Leyes Nuevas de 1542 intentaron eliminarlas, prohibiendo la transmisión hereditaria y ordenando su desaparición progresiva, pero en la práctica no se aplicaron del todo debido a la resistencia de los encomenderos.

• Durante el siglo XVII, las encomiendas empezaron a declinar debido a la disminución de la población indígena y a la consolidación del sistema de tributo directo.

• En el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, se aceleró su desaparición. En el Virreinato del Perú, por ejemplo, la encomienda fue oficialmente suprimida en 1720, aunque en algunos lugares continuó existiendo de facto.

• A inicios del siglo XIX, en el contexto de las independencias, las encomiendas fueron abolidas formalmente en la mayoría de los nuevos países hispanoamericanos.

En definitiva, los repartimientos y las encomiendas fueron instituciones características del proceso de organización de los territorios en América. Surgieron como respuesta a la necesidad de organizar el trabajo indígena y asegurar la explotación económica de las nuevas tierras, al tiempo que la monarquía intentaba mantener el reconocimiento jurídico de sus habitantes como vasallos libres de la Corona.
Esta tensión entre principios legales y realidades económicas marcaría profundamente la evolución del sistema virreinal en los siglos siguientes.

Fuentes: Repartimientos y Encomiendas

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La política indigenista de Isabel la Católica. -Rumeu de Armas-

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Sevilla no fue elegida al azar. Su río Guadalquivir, navegable hasta el Atlántico, ofrecía seguridad y control, lejos de los cañones de corsarios y potencias rivales. Allí, en las reales Atarazanas de Alfonso X quedó instalada la primera Casa de Contratación. Debido a que era un lugar expuesto a las crecidas del río y dañino para las mercancías, pronto fue trasladada a las dependencias del Alcázar Real, donde quedó instalada en la sala denominada de los Almirantes, local abierto a un buen patio y una puerta orientada hacia el río. Desde ese lugar cerrado, protegido por murallas y secretos, toda la riqueza del Nuevo Mundo debía pasar antes de llegar a otras manos. 

Las Ordenanzas de Alcalá, en 1503, fueron las reguladoras de su normativa, que sería modificada por las Ordenanzas expedidas en Monzón en 1510, más extensas y minuciosas que las primeras. Toda la legislación referente a este organismo se imprimió en 1522.

 En su normativa se especificaban las horas de trabajo; se habla de los libros de registro que hay que llevar; se regula la emigración; se trata de las relaciones con mercaderes y navegantes; se disponía lo relativo a los bienes de los muertos en Indias, y se le incorpora el matiz científico al incluirse dentro de la Casa de la Contratación al Piloto Mayor, más tarde la del cartógrafo. La Casa de la Contratación regulaba quién podía viajar, qué se podía comerciar, cómo se cobraban los impuestos. Ninguna nao podía zarpar hacia América sin el visto bueno de sus oficiales.

Los hombres importantes de la Casa

• El Piloto Mayor, como figura fue creado en 1508. Tenía la misión de trazar cartas y mapas de navegación, el Padrón Real o mapa-modelo del nuevo mundo y examinar a los marineros y pilotos que deseaban hacer la carrera. La cartografía moderna nació en buena medida en esas salas sevillanas. Fueron los primeros: Américo Vespucio, Juan Diaz de Solís y Sebastián Caboto.

• La figura del cosmógrafo fue creada en 1519. Los cosmógrafos fabricaban mapas secretos, reservados solo para el rey. Eran tesoros más valiosos que el oro: el saber geográfico que garantizaba el dominio de rutas y mares.

• Los contadores y tesoreros registraban cada quintal de plata, cada fardo de cacao, cada carga de esclavos africanos que llegaba al puerto. Su pluma valía tanto como un arcabuz.

La Casa de Contratación fue motor del primer comercio global, pero también escenario de sombras. Desde allí se controlaba la fiscalidad que ahogaba a mercaderes y la burocracia que desesperaba a los aventureros.
Muchos marineros se quejaban de que la Casa servía más para recaudar que para ayudar. Pero sin duda fue la columna vertebral administrativa del imperio oceánico.

Durante más de dos siglos, Sevilla fue el ombligo del mundo gracias a la Casa de la Contratación. No era solo un edificio: era la representación del sueño y el peso de un imperio. Allí se decidía quién cruzaba el mar, qué noticias podían circular y qué secretos debían guardarse bajo llave. Permaneció hasta que fue trasladada oficialmente a Cádiz en 1717. 

Hoy, al recorrer el Alcázar y pensar en sus salas llenas de mapas, astrolabios y escribanos, uno puede sentir el pulso de aquel tiempo en que Sevilla, a orillas del Guadalquivir, fue la puerta de América y el corazón de España en el mundo.

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Constan de 35 ordenanzas, muy exhaustivas, cuyo denominador común es la función protectora y humanizada del indígena, al objeto de conformar su propio estatuto civil, basado en la dignidad, el trabajo y la libertad.

Un año después se añadieron algunos preceptos que se conocen como “la Moderación de Valladolid” de 1513 que mejoraban las condiciones de trabajo y aumentaban los derechos para las mujeres y los niños para de esta forma contentar en cierta forma a los dominicos que seguían solicitando mayores derechos para los nativos.

Las Ordenanzas a su vez se estructuraron en materias bien diferenciadas.

1. El primer segmento de normas se refiere a los derechos de los indios a tener bienes:

• La primera Ordenanza habría de disponer que los encomenderos debían construir  “bohíos” o casas de paja para cada grupo de 50 indígenas, con sus dimensiones, junto con terreno de labranza, entrega de aves de corral, siendo todo ello bienes personales transmisibles en herencia de padres a hijos e inembargables.
• Deber de buen tratamiento a los indios por parte de los encomenderos para atraer de forma voluntaria a los indios a sus encomiendas para facilitar la integración. (Ordenanza II)

• Derecho a la conservación de las propiedades de indios por herencia y en caso de venta de la encomienda. (Ordenanza XXVIII)
• Deber de respeto y buen trato de palabra y obra al indio, reservando el derecho de castigo, si realizaran actos ilícitos, a los visitadores reales y no a los encomenderos. (Ordenanza XXIV)
• Deber de proveer hamacas a los indios para inculcarles hábitos civilizados y evitar que durmieran en el suelo. (Ordenanza XIX)

2. El siguiente grupo se refieren a la alimentación y vestido:

• Se dictan normas extensas sobre el tipo de alimentos y cantidad a dar a los indios.
• Dispone el tipo de comida que debían tener dependiendo del tipo de trabajo. (Ordenanza V y XV)
• Obligación de dotar de un peso de oro al año a cada indígena por parte del encomendero para que pudieran adquirir prendas de vestir. (Ordenanza XX)

3.  Sobre la evangelización de indios las Ordenanzas consideran como requisitos principales para 
garantizar el buen trato de los indios:

• Obligación de construir iglesias junto a las haciendas de los encomenderos (Ordenanza III); que

  

  hubiera un número suficiente de templos (Ordenanza VIII), en particular cerca de las minas (Ordenanza VIII) y que se arraigue la fe cristiana en las Indias. (Ordenanza IX)

• Aprendizaje de los conocimientos religiosos elementales (Ordenanza IV y V), obligando a los encomenderos a enseñar a leer, escribir y el catecismo a un muchacho indio para que hiciera de maestro con los demás indios (Ordenanza IX)
• Obligación de bautizar a los indios dentro de los ocho días siguientes al nacimiento (Ordenanza XII), el matrimonio monógamo y la prohibición entre parientes (Ordenanza  XVI), confesión (Ordenanza X) y entierros con derecho a sepultura en templos y cementerios según la liturgia cristiana (Ordenanza X)
• Obligación de dar a conocer los diez mandamientos.

4. Respecto a los derechos y obligaciones laborales:

• Se dispone que los indios tenían obligación de trabajar (Ordenanza VI) y al menos una tercera parte debería hacerlo en las minas de oro (Ordenanza XXV)

• Derecho al descanso (Ordenanza XXV), con severas penas a los que no garantizaran este derecho (Ordenanza XIII)

• El período de descanso se aprovecharía para facilitar el cultivo de tierras de los indios y la mejora del conocimiento de la fe cristiana.

• Autorización para la constitución de compañías mineras por parte de encomenderos ajenos a la encomienda con la obligación de mantenerlos alimentados (Ordenanza XXVI), castigando el uso de indios no pertenecientes a la encomienda. (Ordenanza XXI)

• Exclusión de los indios de la Sabana, de Villanueva y Yaquino para el trabajo minero, obligándose a trabajar en granjería, cría de cerdos, fabricación de ropas y de hamacas. (Ordenanza XXV)

• Prohibición de imponer obligaciones de hacer cargas a los indios, salvo sus hatos. (Ordenanza XI)

• Prohibición al trabajo de las mujeres a partir del cuarto mes de gestación y en atención a la crianza de los hijos se amplía la prohibición del trabajo hasta que el niño ha cumplido tres años. (Ordenanza XVIII). Las indias solteras debían realizar los trabajos en estancias recibiendo jornal por contraprestación. (Ordenanza III)

• Exención del trabajo a los menores de catorce años (Ordenanza XVIII). Respecto a los menores que estudiaban oficios están exentos de cualquier trabajo, primando la formación.

5. En cuanto a ceremonias y celebraciones nativas:

• Se autorizaban las fiestas y areitos o tradiciones indias tanto en los días de holganza como de trabajo  con la condición de no abandonar sus ocupaciones (Ordenanza XIV)

6. Respecto a los indios caciques, que eran autoridades tribales:

• Se les faculta a tener indios servidores en proporción a la tribu que ejercían autoridad obligándose a estar en la colectividad que tuviera mayor número de indios servidores. Se encomienda a los “visitadores reales” dar las leyes que ofrecieran las mejores atenciones entre los indios. (Ordenanza XXII)
• Deber de detraer un real de cada peso de oro correspondiente a los indios para dotar de vestimenta a los caciques (Ordenanza XX)

7. Limitaciones a las encomiendas

• Se reduce el número de indios confiados a los encomenderos (Ordenanza XXXV). La figura de la encomienda fue realmente el gran problema de la fabulosa aportación humanitaria española a las tierras vírgenes de América. La voluntad de los reyes se mueve entre la necesidad de incentivar la emigración a tierras tan lejanas y la aplicación de la moralidad cristiana a los indios.

Visitadores de indios, que constituyeron una figura crucial para el fiel cumplimiento de las leyes y 
ordenanzas reales que se regula con precisión escrupulosa en las Leyes de Indias. 
Fue instituida por el gobernador Ovando en La Española.

Estas Leyes de Burgos establecieron los requisitos de su nombramiento, junto a los jueces de apelación y otros oficiales reales (Ordenanza XXX), que debían ser escogidos por sus condiciones morales y de antiguo vecino. Se fijó que en cada pueblo debían residir dos visitadores (Ordenanza XXIX) con misión de visitar dos veces al año las minas, estancias, lugares de pastores y porquerizas y levantar acta de cómo se trataba a los indios. Se les otorgaba la facultad de castigar nativos cuando fuera necesario (Ordenanza XXXIV), pero también protegerlos en el caso de que fueran trasladados a otras islas (Ordenanza XXVII)

• Obligación de llevanza de libros de visitadores (Ordenanza XXIII), documentos esenciales de seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autoridades españolas. Supusieron un “registro civil”, ya que el Estado no contempló un verdadero registro de personas hasta el siglo XIX.

• Dotación de indios a los visitadores, como retribución a su función (Ordenanza XXX)

• Sometimiento bianual a juicio de residencia a los visitadores al objeto de vigilar sus actuaciones, así como a la anotación de las bajas y altas acontecidas (Ordenanza XXXIV). Además se establecía un sistema sancionador de multas para los visitadores negligentes (Ordenanza XXX)

8. Por otra parte, contiene Ordenanzas para asegurar la disponibilidad de un libro autenticado de 
firmas del libro de las Leyes de Burgos de 1512 para su conocimiento y aplicación en las zonas sujetas a su jurisdicción (Ordenanza XXIII).

9. Por último, las relativas al régimen sancionador por incumplimiento de los deberes de 
encomenderos. Se destinaban como recompensa al denunciador como 
incentivo para facilitar el conocimiento de las 
infracciones por parte de los encomenderos, la Real Cámara, el juez o sacerdote 
(Ordenanza XXIII).

Las penas pecuniarias podían ir acompañadas con la pérdida de los indios encomendados. (Ordenanza XXI)

Las Leyes de Indias que nacen en Burgos en el año 1512 han sido consideradas por muchos estudiosos e historiadores como el primer precedente de los tratados del derecho Internacional de los pueblos y de los derechos humanos que se han desarrollado en los últimos siglos. No se emiten simples principios contenidos en ordenanzas, sino también los instrumentos para hacerlas cumplir.

Se hicieron estas leyes basadas en principios morales y cristianos de respeto a la integridad física y moral de los nativos americanos y, sobre todo, de consideración cristiana de igualdad entre los hombres.

Otras entradas relacionadas:

Burgos 1512 -En busca de la Justicia-

Fuentes:

• Julio José Henche Morillas. Las Leyes de Indias. Ordenamiento de protección de la monarquía hispana a los pobladores nativos de América.
• Rafael Sánchez Domingo. Las Leyes de Burgos 1512 y la doctrina jurídica de la conquista. Revista Jurídica de Castilla y León. Número 28, septiembre de 2012
• Canal Crónicas de la Historia

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Se denomina Patronato Real a la concesión papal que permitía el derecho exclusivo del rey para proponer y presentar a las personas destinadas a ejercer los oficios eclesiásticos, y otras dignidades y prebendas, relacionadas con la administración del culto católico.

A la Corona de Castilla, tal derecho le fue reconocido expresamente por la bula del 3 de mayo de 1493 –Eximiae Devotionis – expedida por Alejandro VI y confirmada por otra resolución papal dictada por Julio II el 8 de junio de 1508.

De esta manera los reyes se aseguraban la administración sobre la Iglesia Católica, ligándola a todos los acontecimientos relacionados con la conquista y la colonización. Esta fue la razón de la importancia alcanzada por la institución eclesiástica, cuya influencia se hizo sentir sobre los fieles, a veces por encima de los propios funcionarios gubernamentales. La Iglesia, pues, se hizo presente tanto en los grandes actos oficiales como en los pequeños de la vida cotidiana.

Por la primera bula, el pontífice cedió a los Reyes el derecho de percibir el diezmo para el mantenimiento de la Iglesia y la evangelización de los indios; y por la segunda bula, los monarcas eran reconocidos como patronos de todas las iglesias del Nuevo Mundo. De ella surgió también la facultad de nombrar a todos los eclesiásticos. 
La Corona se reservaba, además, los siguientes derechos:                                
 *El erigir nuevas diócesis y cambiar los límites de las ya existentes. 
 *El percibir las rentas de los beneficios vacantes. 
 *El autorizar la erección de nuevas iglesias o monasterios y la deposición de eclesiásticos por sus superiores. 

Todas las bulas papales y cualesquiera otras comunicaciones emanadas de la Santa Sede, destinadas a las iglesias de España y América debían contar con el pase o autorización del Consejo de Indias. Este organismo se reservaba el derecho de revisarlas, y en caso de no estar de acuerdo parcial o totalmente, de devolverlas a su lugar de origen, lo cual incluía su rechazo.

Ningún clérigo podía pasar a Indias sin la correspondiente autorización real; las altas dignidades de la Iglesia: obispos y arzobispos resultaban de una terna elevada al pontífice por el Consejo de Indias.

El manuscrito original de la bula promulgada se ha perdido, pero existe una copia de 1515 en el Archivo de Indias de Sevilla.

Con el transcurso del tiempo, se fue levantando todo un sistema de reglamentos e interpretaciones, casi siempre favorables a los reyes que limitaban la libertad de la iglesia y que atribuían a los monarcas españoles todo el poder en materias eclesiásticas, excepto en lo referente a dogma, moral y culto y en ordenar sacerdotes y obispos. El núcleo central del derecho de patronato fue la designación de los cargos eclesiásticos por parte del poder secular. El problema central en el caso de reyes y príncipes fueron las designaciones episcopales. Al cabo de siglos, el patronato regio se configuró fundamentalmente como un derecho de presentación de las personas que habían de cubrir los cargos eclesiásticos.

"El Patronazgo de todas las indias pertenece al Rey" 
Por cuanto el derecho de patronazgo eclesiástico nos pertenece en todo el estado de las Indias, así por haberse descubierto y adquirido aquel Nuevo Mundo, edificado y dotado en él las iglesias y monasterios, a nuestra costa, como por habérsenos concedido por bulas de los Sumos Pontífices de su propio motu, para su conservación y de la justicia que a él tenemos. Ordenamos y mandamos que este derecho de patronazgo de las Indias, único e Insolidum, siempre sea reservado a Nos y a nuestra Real Corona, y no pueda salir de ella en todo ni en parte, y por gracia, merced, privilegio o cualquiera otra disposición que diéramos en el dicho nuestro derecho de patronazgo […] y que ninguna persona secular ni eclesiástica, orden ni convento, religión o comunidad de cualquier estado, condición, calidad y preeminencia, judicial o extrajudicial; por cualquier ocasión o causa, sea osado a entrometerse en cosa tocante al dicho patronazgo real, ni a Nos perjudicar en él, ni a proveer Iglesia, ni beneficio, ni oficio eclesiástico, ni a recibirlo, siendo proveído en todo el estado de las Indias, sin nuestra presentación, o de la persona a quien lo contrario hiciere, siendo persona secular, incurra en perdimiento de las mercedes que de Nos tuviere en todo el estado de las indias […] 
Ley dictada por Felipe II el 1º de junio de 1574

Con el advenimiento de los Borbones, y como consecuencia de las nuevas ideas liberales, surgió entre los juristas españoles una doctrina nueva: el patronato y la sumisión de la Iglesia al Estado no derivaban de una concesión de la Santa Sede, sino que era la resultante de un derecho inherente a la soberanía de los reyes. Esta doctrina, mantenida en España, fue invocada por las jóvenes repúblicas emancipadas. 

Fuentes:

Historia Institucional/Reseña Biográfica:

La Iglesia en América

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La conquista de América creó una situación desconocida que requirió, desde el primer momento, la toma de decisiones complicadas respecto a cómo debían de ser consideradas aquellas tierras conquistadas y a sus moradores. Hubo dudas morales desde España sobre la legitimidad o no de la conquista y las distintas leyes que fueron emitidas en las distintas épocas para proteger los derechos de los nativos.

La Reina Isabel I, ya el 20 de junio de 1500, dictó en Sevilla una “Real Provisión” que prohibía la esclavitud de los nativos de las tierras recién descubiertas y obligaba a proteger las propiedades que les pertenecieran antes de la llegada de los españoles. Esta disposición jurídico-administrativa fue de suma importancia, no solo por prohibir la esclavitud, sino por considerar a los aborígenes súbditos de la Corona, con los mismos derechos y obligaciones que los peninsulares. 

A la “Real Provisión” le siguieron otras normas en el mismo sentido, como la “Instrucción” dictada el 16 de septiembre de 1501 al nuevo gobernador de La Española, Nicolás de Ovando, donde se le instaba a que “se les tratase como a nuestros súbditos e vasallos e que ninguno sea osado de hacer daño”, o la “Ley” de 1503 por la que se instaba al mestizaje, ordenando al gobernador a que fomentara los matrimonios mixtos “que son legítimos y recomendables porque los indios son vasallos libres de la Corona española”.

En el propio testamento de la Reina, realizado en Medina del Campo ante Gaspar de Gricio, notario público, entre los mandatos dados a sus sucesores, en el punto décimo primero la reina expresaba que “debían continuar con su intención de conducir y atraer a los pueblos a la fe católica y enseñarles buenas costumbres; que los indios no recibieran agravio alguno ni en sus personas ni bienes, sino todo lo contrario, y si lo hubieren recibido lo remienden y provean para que no se sobrepase en cosa alguna lo que en las Cartas Apostólicas de dicha concesión se mandaba y establecía”.

Fueron las órdenes religiosas, especialmente los dominicos, quienes denunciaron los abusos. De 1504 a 1511 fue cuando más se vulneraron los derechos de los nativos.

En el sermón de 21 de diciembre de 1511, conocido como el Sermón de Adviento, pronunciado por Fray Antonio de Montesinos, se exhortaba a sus compatriotas a que no mantuviesen en horrible servidumbre a los indios y amenazaba con que ningún encomendero se salvaría.

Así comenzaba la “lucha por la justicia” en América y puede decirse que este sermón marcó un hito en la historia de la lucha por los derechos humanos. 

Ante la oposición de Diego de Colón y Palestrelo, gobernador de La Española, se solicitó la expulsión de la isla del padre dominico, pero la respuesta de la orden fue otro sermón más duro.

El rey Fernando escuchó a Fray Alonso de Espinar (rigió los estudios teológicos de los franciscanos en la Escuela de Salamanca), al propio Montesinos y a los encomenderos de La Española. Oídas las partes ordenó que se hiciera una Junta para estudiar la situación de los indios. Así, en 1512 se convocó en Burgos una Junta de teólogos y juristas para tratar las cuestiones de los nativos del Nuevo Mundo, tanto a nivel moral, como filosófico y jurídico, presidida por el obispo Juan Rodríguez Fonseca.

La celebración de esta Junta es un hecho impensable para otros gobernantes de principios del XVI. El Rey Fernando, yendo incluso contra los principales intereses de la Corona y de algunos fieles servidores, decidió discutir públicamente sobre los derechos de los nativos.

Se debatió en dos posturas casi antagónicas. Unos abogaban por los derechos de los nativos y contra las encomiendas, (era la postura encabezada principalmente por la Escuela de Salamanca), y otros defendían la institución de la encomienda en base a la Cédula Isabelina de 1503 y que continuaba con la tradición medieval de priorizar la evangelización sobre otros posibles males. 

En el Archivo General de Indias se conservan solo dos manuscritos que se refieran a lo discutido en Burgos. Uno lo escribió el bachiller Enciso y el otro es anónimo. Este último indica las enormes discrepancias existentes entre los asistentes que tras 20 sesiones no fue posible consensuar unos principios generales, filosóficos, jurídicos y teológicos en los que todos estuvieran de acuerdo para así poder crear un articulado o un código de funcionamiento concreto.

Por Bartolomé de las Casas sabemos que al menos llegaron 
a un acuerdo sobre 7 principios:

1. Los indios son libres y deben ser tratados como tales, según ordenan los Reyes.            
2. Los indios han de ser instruidos en la fe, como mandan las bulas pontificias de Alejandro VI.        
3. El Rey de España tenía justos títulos del Nuevo Mundo pero sin derecho a explotar al indio, que era hombre libre y podía tener propiedades, pero como súbdito debía de trabajar a favor de la Corona a través de los españoles allí asentados, es decir, al encomendero según la legislación de 1503, sin que ello estorbe a su educación en la fe, y de modo que sea de provecho para ellos y para la república (significado medieval de cosa de todos).        
4. El trabajo que deben realizar los indios debe ser conforme a su constitución, de modo que lo puedan soportar, y ha de ir acompañado de sus horas de distracción y de descanso.        
5. Los indios han de tener casas y haciendas propias, y deben tener tiempo para dedicarlas a su cultivo y su mantenimiento.        
6. Los indios han de tener contacto y comunicación con los cristianos, como medio de conversión.        
7. Los indios han de recibir un salario justo por su trabajo, en especie, en vestidos y en objetos para cubrir sus necesidades.

El Rey Fernando, al ver que no había acuerdo, decidió resolver la situación reuniendo en el Convento de San Francisco de Burgos a Fray Alonso del Espinar, Pedro García Carrión y al bachiller Enciso para que elaboraran una normas por las que se gobernara la vida laboral y religiosa de los indios. Sus propuestas fueron sometidas al análisis minucioso de los asistentes, quienes las aprobaron el 27 de diciembre de 1512.

Otras entradas relacionadas: Las leyes de Burgos -1512-

Fuente:

• Julio José Henche Morillas. Las Leyes de Indias. Ordenamiento de protección de la monarquía hispana a los pobladores nativos de América.
• De las Casas. Citado por Serena, 2012. La conquista del Nuevo Mundo
• Rafael Sánchez Domingo. Las Leyes de Burgos 1512 y la doctrina jurídica de la conquista. Revista Jurídica de Castilla y León. Número 28, septiembre de 2012
• Canal Crónicas de la Historia

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Rumeu de Armas      

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Fue la más alta institución de la administración española en América y Filipinas, desde su creación, en 1524, bajo el sistema polisinodial de los Austrias, hasta su supresión en 1834. Llegó a abarcar una compleja pluralidad de competencias que le fueron  siendo asignadas durante su existencia.

Antecedentes:
El conocido como Consejo de Indias, se formó como una sección dentro del Consejo de Castilla hasta que adquirió entidad propia.
El Consejo de Castilla fue el principal centro de poder de la estructura de gobierno de la Monarquía Hispánica durante la Edad Moderna, estaba compuesto por varios consejos.
Algunos autores piensan que, antes de que el Consejo de Castilla fuera fundado por el rey Juan I de Castilla en 1385, tuvo sus antecedentes en el Consejo Real de Fernando III, el Santo, quien nombró a 12 juristas para que le aconsejaran en materia de justicia.

Tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, Isabel I de Castilla, en 1493, nombró a Juan Rodríguez de Fonseca para que supervisara lo que ocurría al otro lado del Atlántico. Fonseca cumplió admirablemente su exigente papel, y este fue el sistema de supervisión utilizado hasta su muerte en 1524. En ese año, la Corona española estaba en manos de Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien, dada la magnitud que iban tomando la expansión por los nuevos territorios, se dio cuenta de que era un trabajo que necesitaba una institución con poderes formales de gobierno. Razón por la cual, en agosto de 1524 se creó el Consejo de Indias. García de Loaysa y Mendoza, obispo y confesor de Carlos V, fue nombrado primer presidente, al tiempo que se designan los primeros consejeros y a los oficiales de secretaría quedando dotado de jurisdicción propia.

Las principales funciones del Consejo de Indias eran asesorar al rey en todos los asuntos relacionados con el gobierno, la legislación, la administración de justicia, controlar el comercio y la defensa, y supervisar la administración de los virreinatos. Actuaba también como un tribunal supremo para las Indias, con competencia tanto en lo civil como en lo criminal.

Estaba organizado en tres salas que distribuían sus funciones: La de gobierno, la de justicia y la de contaduría. Esta última, en el reinado de Felipe II, se cedió en beneficio del Consejo de Hacienda.
En 1600, y en el seno del Consejo de Indias, fue creada la Cámara de Indias. La componían un  presidente y tres consejeros encargados de la provisión de cargos civiles y eclesiásticos. Pasó por diversas vicisitudes a las que, con varias interrupciones, pervivió. 

Evolución

Durante el siglo XVI, el Consejo de Indias experimentó una gran expansión en sus competencias. A partir de 1543, con las ordenanzas de su organización, el Consejo adquirió una mayor estructura y formalidad. Fue en este siglo cuando se consolidaron sus funciones legislativas, judiciales y administrativas. En 1571, se promulgó una nueva normativa con motivo de la visita de Juan de Ovando, lo que llevó a la redacción de las Recopilaciones de Leyes de los Reinos de Indias (1680) y el Código de Leyes de Indias (1792), que establecieron un completo marco legal. En esta época, el Consejo de Indias era considerado la máxima instancia de poder y autoridad sobre los territorios americanos. Además de sus funciones políticas y judiciales, se encargaba de la organización militar y la defensa de las costas del nuevo continente. Junto con la Casa de la Contratación, también jugaba un papel central en la gestión de los flujos comerciales entre España y las Indias.

Cambio de dinastía y Reforma del Consejo de indias en el Siglo XVIII

A partir del siglo XVIII, con la llegada de la dinastía borbónica al trono de España, el Consejo de Indias comenzó a perder poder. En 1700, bajo el reinado de Felipe V, se creó la Secretaría de Estado y Despacho de Indias, lo que redujo la influencia del Consejo en asuntos políticos y administrativos. Las reformas borbónicas buscaron una mayor especialización en la administración, lo que llevó a la creación de nuevas entidades y a la reforma del propio Consejo. A medida que avanzaba el siglo XVIII, el Consejo de Indias fue perdiendo competencias políticas, comerciales y militares, quedándose únicamente con la función de tribunal supremo de justicia para América. Esta pérdida de poder culminó con su desaparición definitiva en 1834, después de varias restauraciones y reformas.

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