La Inquisición en Hispanoamérica
La Inquisición americana no fue una simple reproducción de la peninsular. Tuvo una organización propia, una jurisdicción particular y una actividad condicionada por la diversidad de pueblos, culturas y circunstancias que caracterizaban aquellos territorios. Su establecimiento en los territorios americanos respondió a la voluntad de preservar la ortodoxia católica en unas sociedades que estaban experimentando una profunda transformación.
Cuando la Monarquía Hispánica extendió sus dominios por América, no solo trasladó al otro lado del océano sus instituciones políticas, jurídicas y administrativas. También llevó consigo una institución que llevaba décadas formando parte de la vida religiosa de sus reinos: el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición.
En los primeros años posteriores a la conquista, las funciones inquisitoriales correspondieron fundamentalmente a las autoridades eclesiásticas. Los obispos podían ejercer determinadas competencias para investigar y corregir las desviaciones religiosas de los fieles. Uno de los personajes más representativos de esta primera etapa fue fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, que actuó como inquisidor apostólico. Nombrado en 1535, desempeñó funciones inquisitoriales durante la década de 1530. Su actuación más conocida fue el proceso contra don Carlos Ometochtzin, señor indígena de Texcoco, acusado de mantener prácticas religiosas contrarias al cristianismo y de promover la persistencia de los antiguos cultos. El proceso concluyó con su entrega al brazo secular para su ejecución en 1539. El caso provocó una importante reacción y algunos historiadores consideran que este episodio resulta fundamental para comprender la posterior organización de la Inquisición en América. Hay, sin embargo, una distinción fundamental:
En 1539-1540: se establecieron límites al castigo de los indígenas por delitos contra la fe. En 1571: Felipe II dispuso formalmente que los indígenas quedaran fuera de la jurisdicción de los nuevos tribunales del Santo Oficio en América. Sus asuntos religiosos continuarían bajo la autoridad de los obispos y de la jurisdicción eclesiástica ordinaria.
El establecimiento formal de la Inquisición en América se produjo durante el reinado de Felipe II. Primero en México. Su jurisdicción comprendía Nueva España y otros territorios vinculados a su distrito inquisitorial. Lima, en el mismo año, atendía buena parte de los territorios sudamericanos bajo jurisdicción española. Cartagena de Indias (1610): ejercía su autoridad sobre amplias zonas del Caribe y del norte de Sudamérica. Los tribunales cubrían territorios muy extensos y dependían del Consejo de la Suprema y General Inquisición, con sede en la Península, y actuaban dentro del sistema institucional de la Monarquía Hispánica.
La fundación de los tribunales de México y Lima fue autorizada por cédula de 25 de enero de 1569. La delimitación de su jurisdicción se hizo mediante otra cédula de 16 de agosto de 1570. Su implantación efectiva se produjo en 1570-1571, según el tribunal.
La norma de Felipe II, fechada el 30 de diciembre de 1571, excluía a los indígenas de la jurisdicción ordinaria del Tribunal del Santo Oficio en las Indias. Su exclusión no significaba que los indígenas quedaran fuera de la justicia religiosa. Respondía a su condición jurídica y a la consideración de que eran neófitos, cristianos recientemente convertidos, que debían recibir un tratamiento distinto.
Diferencias entre la jurisdicción del Santo Oficio y la jurisdicción eclesiástica sobre los indígenas.
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Aspecto |
Inquisición española |
Procedimientos contra indígenas |
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Autoridad |
Tribunal del Santo Oficio |
Obispos, provisores y autoridades eclesiásticas |
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Personas perseguidas |
Conversos, judaizantes, protestantes y otros acusados de herejía |
Sacerdotes indígenas, curanderos, dirigentes y practicantes de religiones tradicionales |
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Acusaciones |
Herejía, apostasía, judaísmo clandestino, protestantismo |
Idolatría, culto a los dioses antiguos, ceremonias y mantenimiento delitos ancestrales |
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Objetivo |
Defender la ortodoxia católica |
Conseguir la cristianización y eliminarlas prácticas religiosas indígenas |
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Investigación |
Denuncias, interrogatorios, testigos y confesiones |
Denuncias, investigaciones locales, interrogatorios y búsqueda de objetos ceremoniales |
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Lengua |
Principalmente castellano |
Frecuentemente necesitaba intérpretes de lenguas indígenas |
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Castigos |
Penitencias, prisión, azotes, confiscaciones y, en determinados casos, entrega al brazo secular para la ejecución |
Azotes, prisión, humillaciones públicas, penitencias, destierro y destrucción de objetos religiosos |
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Organización |
Tribunal especializado y jerarquizado |
Jurisdicción episcopal y autoridades eclesiásticas locales |
Cuadro comparativo de elaboración propia, basado en la bibliografía especializada sobre la Inquisición y la jurisdicción eclesiástica en Nueva España.
Los indígenas dejaron de estar sometidos al Tribunal del Santo Oficio, pero no quedaron protegidos frente a la persecución de sus creencias ancestrales. Por lo tanto, no quedaron libres de vigilancia ni de sanciones religiosas; cambió la autoridad que debía juzgarlos y el tipo de procedimiento aplicable. No desapareció el control religioso, sino que se desplazó hacia otras instancias e instrumentos.

Por tanto, para la búsqueda de la ortodoxia religiosa se desarrolló una doble vía: Tribunales inquisitoriales: principalmente españoles, extranjeros, mestizos y otras personas bajo su jurisdicción. Tribunales episcopales: causas de fe contra indígenas, particularmente idolatría, apostasía, supersticiones y prácticas religiosas consideradas contrarias al cristianismo. Justicia real: determinados delitos, especialmente hechizos y maleficios con efectos criminales, podían quedar bajo la jurisdicción secular.
Esta distinción es esencial para no llamar inquisición a todos los procesos de idolatría, aunque algunos empleasen procedimientos, formas de investigación o mecanismos de castigo semejantes.
Desde Felipe II en adelante, la Inquisición española, como tribunal formal, no tuvo jurisdicción ordinaria sobre los indígenas americanos, considerados neófitos en la fe y sujetos a tribunales episcopales y otras autoridades. En esa época, la disposición de 23 de febrero de 1575 es especialmente importante. Establecía, en materia de fe, la competencia de los ordinarios eclesiásticos sobre los indios, y la intervención de la justicia real en determinados casos de hechicería y maleficios.
La Iglesia pretendía erradicar lo que consideraba una religión incompatible con el cristianismo; los indígenas, por su parte, mantenían, reinterpretaron o adaptaron sus creencias en un mundo profundamente transformado.

Con Felipe IV (1621-1665), las campañas contra la idolatría alcanzaron una intensidad considerable, particularmente en las regiones andinas y en determinadas zonas de Nueva España. En el Perú, las visitas de idolatrías se consolidaron como un instrumento de control religioso. La persecución no se limitaba a encontrar imágenes. Se buscaba identificar las estructuras religiosas indígenas, sus especialistas, sus ceremonias y las redes que permitían mantenerlas. En esta época, el procedimiento se hizo más sistemático y la represión podía ser severa.
Con Carlos II (1665-1700), se constató la persistencia de la idolatría y con ello el endurecimiento judicial. En Nueva España se produjeron nuevos ciclos de persecución, especialmente en zonas de Oaxaca y otras regiones donde las autoridades eclesiásticas consideraban que persistían cultos indígenas. Se reforzaron los procedimientos de investigación, las denuncias, los interrogatorios y las medidas punitivas.
Con Felipe V (1700-1746), existe una tendencia a pensar que la llegada de los Borbones y las nuevas ideas supusieron automáticamente el fin de las persecuciones. No fue así. En el arzobispado de México, durante las primeras décadas del siglo XVIII, se intensificaron determinados procedimientos contra las prácticas religiosas indígenas. Se reorganizaron mecanismos judiciales, se realizaron autos públicos y se emplearon instrumentos de corrección y reclusión. En particular, los autos de fe para indígenas celebrados entre 1714 y aproximadamente 1760 constituyen una línea de investigación muy importante.
Estos autos no deben confundirse automáticamente con los grandes autos de fe del Santo Oficio. Se trataba de ceremonias y actos judiciales promovidos por autoridades eclesiásticas ordinarias, dirigidos a los indígenas acusados de idolatría, superstición u otras transgresiones religiosas. En algunos casos, los castigos eran públicos y buscaban servir de escarmiento y disuasión para el resto de la comunidad.
Con Carlos III (1759-1788) y la Ilustración se modifica la mirada sobre las creencias indígenas. Se produce un cambio progresivo en la manera de entender y combatir las prácticas religiosas indígenas. Durante los siglos anteriores, la idolatría había sido interpretada frecuentemente como una manifestación del demonio, una persistencia de la religión pagana y una amenaza para la salvación de los indígenas. En el pensamiento eclesiástico del siglo XVIII, y particularmente en el ambiente reformista e ilustrado, comenzó a ganar terreno otra interpretación: muchas de esas prácticas eran consideradas fruto de la ignorancia, la superstición, la falta de instrucción y unas costumbres que debían reformarse.
En las últimas décadas del siglo XVIII y los primeros años del XIX, la persecución institucional de las idolatrías indígenas fue perdiendo el protagonismo que había tenido en etapas anteriores. No podemos afirmar que en 1800 hubiera desaparecido la persecución de las prácticas indígenas. Lo que podemos sostener es que el viejo modelo de campañas de extirpación de idolatrías había entrado en una transformación profunda.
La crisis de la Monarquía Hispánica a comienzos del siglo XIX afectó profundamente a la Inquisición. Las Cortes de Cádiz decretaron su abolición en 1813, aunque Fernando VII la restableció tras recuperar el trono en 1814. La institución fue suprimida definitivamente en la Monarquía española en 1834. En América, sin embargo, su desaparición estuvo ligada también a los procesos de independencia y a la transformación de las antiguas estructuras políticas. Los tribunales dejaron de funcionar en distintos momentos, conforme se desintegraba el orden institucional que los había sostenido.
La Inquisición fue una institución de vigilancia y represión religiosa. Persiguió creencias, opiniones y conductas que consideraba contrarias a la fe católica, y utilizó procedimientos y castigos que hoy reconocemos como incompatibles con la libertad de conciencia. Pero su historia americana debe estudiarse con precisión. Comprender aquella institución exige conocer su época, sus normas, sus procedimientos y sus víctimas. La perspectiva histórica no consiste en justificar sus actuaciones, sino en entender cómo funcionó realmente y qué lugar ocupó en la sociedad hispanoamericana. Porque solo cuando dejamos atrás tanto la leyenda como la simplificación podemos acercarnos a la historia.
Bibliografía recomendable:
1. Richard E. Greenleaf– The Mexican Inquisition of the Sixteenth Century. University of New Mexico Press, 1969.
2. Jorge E. Traslosheros – «Los indios, la Inquisición y los tribunales eclesiásticos ordinarios en Nueva España. Definición jurisdiccional y justo proceso, 1571-c.1750», en Los indios ante los foros de justicia religiosa en la Hispanoamérica virreinal, UNAM, 2010.
3. Solange Alberro – Inquisición y sociedad en México, 1571-1700. Fondo de Cultura Económica, 1988.
4. Anna María Splendiani, José Enrique Sánchez Bohórquez y Emma Cecilia Luque de Salazar – Cincuenta años de Inquisición en el Tribunal de Cartagena de Indias, 1610-1660. Pontificia Universidad Javeriana, 1997. Cuatro volúmenes.
5. Gabriel Torres Puga y José Luis Quezada Lara, «1820: la supresión definitiva de la Inquisición de México», Estudios de Historia Novohispana, núm. 65 (2021), pp. 179-217.
